Sin protección jurídica, por adeudos embargan pensión de Bienestar a adultos mayores de Veracruz, denuncia El Barzón
De acuerdo con el diputado federal Adrián González Naveda y la representante legal de Barzón Resistencia Civil, Teresa Carbajal, en el estado de Veracruz hay casos de personas adultas mayores a quienes, por adeudos, se les ha embargado incluso su pensión de Bienestar.
Expusieron que, ante estos casos de embargo en el estado y en el país, existe la imperiosa necesidad de proteger legalmente las pensiones y programas sociales de las y los ciudadanos, ante embargos y retenciones bancarias. Se trata de una reforma que será presentada el próximo martes en el Congreso y que protegerá los citados ingresos bajo el argumento de que son pensiones y programas “para la subsistencia y para la dignidad humana”.
Con dicha reforma, únicamente podría ser con orden de un juez y para exclusivo tema de pensión alimenticia a hijos o hijas, como podrían tocarse las pensiones y apoyos que reciben las personas. La propuesta, respaldada por la sociedad civil, busca blindar los recursos de pensión y programas sociales para que no sean retenidos por deudas, garantizando así su verdadero fin social, destacaron.
La propuesta fue trabajada en colaboración con la asociación civil El Barzón, organización que durante décadas ha defendido los derechos de las y los deudores y la protección del patrimonio familiar. La iniciativa, que adiciona disposiciones al Código Civil Federal, al Código de Comercio y a la Ley de Instituciones de Crédito, establece de manera expresa que los apoyos económicos como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y las Becas Benito Juárez son de carácter alimentario y, por tanto, inembargables, intransferibles e irrenunciables.
El legislador del Partido del Trabajo (PT) destacó que el objetivo es cerrar un vacío legal que ha permitido que personas en situación de vulnerabilidad, principalmente adultas mayores, vean congeladas sus cuentas por órdenes judiciales derivadas de deudas civiles o mercantiles dictadas de modo precautorio, y previas al conocimiento del fondo del asunto. Es decir, sin haberse concluido un juicio.
“Estos recursos no son un privilegio, son un derecho constitucional destinado a garantizar alimentación, salud y una vida digna. No podemos permitir que un tecnicismo legal deje sin comer ni medicinas a quienes más lo necesitan”, aseguró González Naveda.
La iniciativa surgió a raíz de casos documentados como el de Myrna, en Veracruz, una mujer de 67 años que depende de su pensión para tratar diabetes y síndrome mielodisplásico. Su cuenta fue bloqueada para cubrir un crédito, dejándola sin acceso a sus únicos ingresos.
Ante esta realidad, la asociación civil El Barzón ha sido un aliado clave, aportando su experiencia en la defensa de los derechos financieros de las familias mexicanas y respaldando la necesidad de una ley que impida abusos por parte de instituciones financieras y despachos de cobranza. El diputado federal destacó que esta iniciativa es producto del diálogo directo con la ciudadanía.
“La participación social no es un adorno en la democracia; es el motor que le da pertinencia a nuestro trabajo. Escuchar a organizaciones como El Barzón, que están en el territorio y conocen las injusticias que viven las familias, nos permite construir leyes con pertinencia social”, destacó. La propuesta no sólo protege los recursos, sino que también obliga a las instituciones bancarias a establecer mecanismos para identificar y blindar las cuentas donde se depositan estos apoyos, evitando retenciones automáticas. Así las cosas.
