La riqueza oculta de la reina Isabel II
La reina presionó al Gobierno británico para cambiar un proyecto de ley y no revelar su fortuna privada durante casi cuatro décadas.
La fortuna de Isabel II ha sido siempre un gran misterio para los británicos. La lista de los más ricos de ‘The Sunday Times’ otorgó el último año a la reina un discretísimo puesto 372, con un valor neto estimado en unos 400 millones de euros. Ahora ha trascendido que la monarca, tan neutral siempre en asuntos políticos, presionó sin embargo al Gobierno británico en los años setenta para cambiar un proyecto de ley y así poder ocultar su riqueza, según revela una investigación de ‘The Guardian’.
El cambio en el proyecto de ley de transparencia se gestó durante el mandato del conservador Edward Heath en 1973, aunque entró en efecto tres años más tarde, con el laborista Harold Wilson como “premier”. La exención real duró aparentemente hasta el 2011, cuando hubo un cambio legislativo tras la llegada de David Cameron a Downing Street.
De acuerdo con ‘The Guardian’, el abogado Matthew Farrer intercedió ante el Departamento de Comercio para debatir las medidas de transparencia que pretendía impulsar el Gobierno de Edward Heath para evitar que los inversores acumularan en secreto participaciones en empresas que cotizan en Bolsa.
Farrer advirtió que “la divulgación de titularidad de las acciones de la corona” era “potencialmente embarazosa, debido al riesgo de filtraciones”. Su mediación sirvió aparentemente para introducir una cláusula que eximía de las medidas de transparencia a las compañías “usadas por los jefes de Estado”.
La exención afectó entre otras a una compañía llamada Bank Of England Nominees Limited, en la que participaron altos cargos del Banco de Inglaterra. La compañía pudo ser usada como una “corporación fantasma” para ocultar las inversiones de la reina al menos hasta el 2011. La compañía se disolvió hace cuatro años sin haber presentado cuentas públicas sobre sus actividades.
La supuesta intervención ante el Gobierno del abogado Matthew Farrer, velando por los intereses de Isabel II, ha puesto sobre el tapete el procedimiento parlamentario conocido como “consentimiento real”. A diferencia del “asentimiento real”, la formalidad con la que la reina estampa su firma en las leyes aprobadas por el Parlamento, el “consentimiento” requiere la consulta previa en el caso de una legislación que afecte a los intereses privados de la corona.
De acuerdo con los documentos a los que ha tenido acceso ‘The Guardian’, guardados hasta ahora en los Archivos Nacionales, ese procedimiento puede haber sido usado en beneficio propio por Isabel II. “Su mera existencia da a la monarca una sustancial influencia sobre los borradores de leyes que pueden afectarla”, declaró al diario londinense Thomas Adams, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Oxford.
Se estima que la reina o el príncipe Carlos han podido examinar previamente y dar su “consentimiento” a un total de 1.062 leyes. Algunas de ellas pudieron afectarles personalmente o a sus propiedades, pero otras incluyeron aspectos tan diversos como la seguridad social, las pensiones, las relaciones raciales y la política de alimentos.
El año pasado, sin ir más lejos, el Departamento de Agricultura y Medio Ambiente (Defra) pidió el “consentimiento” de la reina en cuatro ocasiones, durante la tramitación de la reforma agraria post-Brexit. La reina tiene grandes intereses como terrateniente y el año pasado recibió subsidios por valor de un millón de euros por la granja junto a la residencia real de Sandringham, en Norfolk.
Buckingham Palace no ha respondido directamente a las informaciones sobre la supuesta presión de la reina para cambiar una ley y evitar que se haga pública su fortuna. La casa real explica en un portal en internet que el consentimiento real es “una convención establecida desde hade mucho tiempo”, considerada por los expertos como una parte del boato que arropa a la monarquía.
Las informaciones han arrojado sin embargo una nueva luz sobre la controvertida riqueza de Isabel II, meses después de que el “premier” Boris Johnson decidiera blindar a la familia real frente al impacto económico del coronavirus y mantener su presupuesto en unos 90 millones de euros.
EN EL DECIMOSÉPTIMO LUGAR ENTRE LOS ARISTÓCRATAS
La monarquía británica funciona con un Fondo Soberano (Sovereign Grant) generado por el 25% de los ingresos de la Hacienda de la Corona (Crown Estate). Gran parte del dinero proviene de los apartamentos y tiendas comerciales de lujo de Regent Street, en el centro de Londres.
Otra fuente de ingresos es el Ducado de Lancaster, una amalgama de espacios comerciales, agrícolas y residenciales que data de 1265. Aparte de Sandringham House, el castillo de Balmoral en Escocia está también incluido en su patrimonio personal, además de las joyas, obras de arte y colecciones atesoradas en el Palacio de Buckingham.
La reina es además titular de la plataforma continental que rodea el Reino Unido y puede obtener en la próxima década una lluvia de más de 10.000 millones de euros -compartidos con el Departamento del Tesoro- en las subastas para la construcción de futuros parques eólicos en el mar del Norte y en el mar de Irlanda.
La estimación de 400 millones de euros de su patrimonio privado, según la lista de ‘The Sunday Times’, la situarían en un discretísimo decimoséptimo lugar entre los aristócratas británicos, muy lejos de Hugh Richard Gorsvernor, duque de Westminster, que a sus 30 años tiene un patrimonio estimado de 11.000 millones de euros.
Otras estimaciones aseguran que el patrimonio de la corona, sumando todas sus propiedades, podría superar los14.000 millones de euros. La revista Forbes ha ido aún más allá y ha calculado el valor de la monarquía británica en unos 75.500 millones de euros.
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