Piden comisión especial de la ONU para investigar asesinatos de migrantes en México
La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho solicitó ante Naciones Unidas que se investiguen los casos de crímenes y desapariciones de migrantes como los ocurridos en Camargo, San Fernando y Cadereyta.
El asesinato de 19 migrantes en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero, debe ser investigado por un comisión especial “bajo el cobijo de la ONU, junto con otras masacres que han ocurrido en el pasado, como la de San Fernando del mismo estado, cuando en 2010 perdieron la vida 72 migrantes. Lo anterior es factible pues está contemplado en el Artículo 50 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR), informó la directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, Ana Lorena Delgadillo.
“Que una comisión venga a investigar los casos de masacres y desaparición de migrantes. Tendría que ser una comisión independiente por el nivel de involucramiento de agentes del Estado: las Fiscalías no garantizan una investigación imparcial”, argumentó. Junto con el punto, pidió al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acelerar la creación de una Comisión de la Verdad que prometió para el caso de San Fernando. Misma que investigaría casos similares, como el de Camargo.
En entrevista telefónica señaló que es factible la demanda de organizaciones de Guatemala que piden que el gobierno mexicano cobije, bajo la Ley General de Víctimas, a los familiares de los migrantes muertos en Camargo. “Es absolutamente factible para cualquier familia de una víctima migrante ser acogida por la Ley de Víctimas; el problema es que tendrá que ser una decisión política de muy alto nivel”. Contrastó que “nosotros representamos a más de 110 familiares de migrantes desaparecidos y nuestra experiencia es que no ha funcionado” esa protección de la Ley de Víctimas a familiares de migrantes de otros países. Por esa razón, la fundación ha promovido varios amparos en contra de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Caso concreto es la masacre de Cadereyta, en mayo de 2012, sobre la carretera que va de Monterrey a Reynosa, Tamaulipas, y la ocurrida en San Fernando, dos años antes.
En ambas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió la reparación del daño. “No hemos logrado, ni siquiera, que den una despensa a las familias, ni una despensa”. Sobre lo sucedido en Camargo, la especialista en derecho de la fundación recordó que, en su momento, pidieron que la FGR atrajera la investigación. “Ellos tienen las investigaciones de las otras masacres pero su respuesta fue que no tenían competencia en esos hechos”. En lo que se decide otra cosa la investigación está en manos de la Fiscalía de Tamaulipas. Piden que sea la FGR porque en el crimen están involucrados agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), “esto prueba que lo que hemos venido diciendo: hay una red de tráfico estructural del INM que se tiene que desarticular”. Dijo que el problema no termina con la separación del cargo de elementos del INM, “con ello no se han desestructurado las redes criminales se siguen beneficiando del tráfico de migrantes”.
