La última ocurrencia
FRANCISCO GARFIAS
Parece broma. No lo es. El Presidente sugiere que el Tribunal Electoral —vía un call center — realice encuestas para resolver, en definitiva, el tema de las candidaturas de Félix Salgado, en Guerrero, y de Raúl Morón, en Michoacán.
Lo dijo así en la mañanera:
“Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de estos de teléfono, los call center, que hoy y mañana el Tribunal, con una empresa especializada, hiciera una encuesta en Guerrero y le preguntara a todos: ¿Quieres que participe este candidato o no? Hay que hacer lo mismo en Michoacán. Estoy seguro que la gente va a decir: “que participe”.
El INE confirmó la noche del martes su decisión de bajar a Félix y a Morón de las candidaturas. El tema va a regresar al TEPJF, que ha dado muestras de debilidad frente al partido en el gobierno.
Salgado no presentó informe de precampaña. Morón lo hizo en forma extemporánea. Los consejeros aplicaron la ley y ésta no es susceptible de consultas, ni de call-centers.
Para que no quede duda, cito el artículo 229.3 de la Legipe (ley electoral):
“Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña, dentro del plazo antes establecido… no podrá ser registrado legalmente como candidato”.
Pero a López Obrador le parece “un atentado a la democracia, algo excesivo” que el INE se haya apegado a la norma.
Le preguntamos del tema al senador emecista Juan Zepeda, presidente de la Comisión Anticorrupción, Transparencia, y Participación Ciudadana.
Respondió: “La ley no se consulta, se aplica. Ya son tantos desatinos (de López Obrador) que uno debiera preguntarse sobre su equilibrio mental. Cuando le afecta a su proyecto, a sus afectos, a sus cercanos, un tema legal de aplicación de la ley, lo evade con este tipo de cortinas de humo”.
En el seno mismo de la bancada de Morena se alzaron voces para recordar que “la ley es la ley”. La del diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura, es una de ellas:
“Quizá no estemos de acuerdo con las resoluciones, pero es muy importante que respetemos las instituciones. Para eso fueron creadas. Es lo único que puede fortalecer nuestra democracia”. Ni hablar.
Causó revuelo —y temor— la aprobación, por senadores de Morena, de la minuta que obliga a los usuarios de telefonía móvil a proporcionar datos personales y biométricos para acceder a ese servicio.
El Inai ya bajó la palanca de alarma. Dice que el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), con datos biométricos, que se pretende crear, es un riesgo latente para la protección de los datos personales.
El padrón contendría el número de línea, fecha y hora de activación, nombre completo, denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial y datos biométricos. Pero también domicilio, datos del concesionario, esquema de contratación de la línea, avisos de actualización de información.
Una escaneada completa a los usuarios de las 126 millones de líneas.
Agrega el Instituto:
“Se advierte un riesgo potencial al permitir que el manejo de información de carácter biométrico, para fines de identificación personal, pueda ser manipulado por un número elevado de operadores de telefonía, pues se presume que serán las propias empresas las encargadas de recabar los datos”.
El Inai considera imprescindible limitar al máximo la recolección de datos biométricos que pudieran revelar información sensible de las personas, así como obtener y utilizar únicamente los que sean necesarios para las finalidades con las que sean recabados.
Los estudiosos de las leyes ya adelantan la posibilidad de que sea declarada inconstitucional.
Va lo que escribió el jurista Diego Valadés en Twitter:
“Obligar a las personas a poner sus datos biométricos —iris y huellas digitales— a disposición de empresas privadas de telefonía celular, como requisito para recibir un servicio de comunicación, viola la Constitución en perjuicio de nuestros derechos humanos. La mayoría del Senado se equivocó. Es muy lamentable”.
Y el ministro en retiro, José Ramón Cossío: “Completamente de acuerdo. Con altas posibilidades de ser declarado inconstitucional”.
El argumento para aprobar la minuta es combatir secuestros, extorsiones o cualquier delito en el que se utilicen celulares. Se advierte el riesgo de que si a usted le roban el teléfono y después es utilizado para cometer un delito, se vea en serios problemas.
Una pregunta pertinente: si quieren combatir las extorsiones ¿Por qué no empiezan con el bloqueo de celulares en los penales?
