Por enriquecimiento ilícito UIF denunciará al gobernador de Tamaulipas
De acuerdo a la investigación de la Unidad, sus ingresos y bienes no corresponden con el sueldo que ha ganado desde el 2000
México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunciará ante la Fiscalía General de la República (FGR) al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, por los delitos de recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento ilícito, desvío de recursos públicos y defraudación fiscal.
El medio Proceso publicó que la dependencia perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una investigación contra el gobernador panista y detectó que los bienes que posee no corresponden con los ingresos que ha obtenido en su carrera política.
Su carrera la inició en el 2000 como diputado federal, después fue alcalde de Reynosa, diputado local, senador y gobernador, tiempo en el que acumuló ingresos por 21 millones 205 mil 912 pesos.
Sin embargo, sus inmuebles, ranchos y propiedades tienen un valor aproximado de 104 millones de pesos, es decir, una diferencia de 82 millones 794 mil 88 pesos, señala Proceso.
La investigación también es contra familiares como su esposa Mariana Gómez Leal y sus hermanos María de Lourdes, Ismael y José Manuel García Cabeza de Vaca, ya que están nombrados como “testaferros” o prestanombres.
Además se señalan socios y empresas en México y Estados Unidos ligadas a Cabeza de Vaca.
El documento señala que agencias estadounidenses de seguridad vinculan al gobernador con delitos del crimen organizado.
Por ejemplo, supuestamente el 17 de junio de 2015 García Cabeza de Vaca se reunió con el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en Los Cabos, Baja California Sur; tuvo reuniones con el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; y tuvo nexos con el Cártel del Golfo.
Si la Fiscalía encuentra culpable a Cabeza de Vaca de los delitos señalados, deberá solicitar una orden de aprehensión, pero antes se deberá realizar un juicio político ante el Congreso de la Unión para que se autorice la procedencia del juicio penal, de acuerdo con Proceso.
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