El ejecutivo federal no puede poner a su disposición la Constitución Política Mexicana
La libre participación económica es un principio fundamental en la vida democrática de una nación y fortalece los derechos humanos (CIDHPDA).
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA) en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe VÍCTOR HUGO GUTIÉRREZ YÁÑEZ aseveró que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la expresión máxima de la voluntad de sus habitantes y esto conlleva a garantizar la participación de todos los sectores de la vida productiva del país y pone estabilidad en la vida democrática de México y América Latina.
Consideró que el tratar de poner a disposición del Ejecutivo la Constitución aprovechando la mayoría del Congreso por parte de un partido político, constituye un acto de imposición, por lo que los Gobiernos de América Latina deben de fomentar la libre participación económica ya que es un principio fundamental en la vida democrática de una Nación y fortalece los principios básicos de los Derechos Humanos.
Aseveró que no es posible que el Ejecutivo Mexicano interfiera en los poderes Legislativo y Judicial, siendo que debilita a un Estado Democrático, y lo lleva a un Estado totalitario que por muchos años México y América Latina han venido luchando.
Afirmó que en la séptima conferencia de las Naciones Unidas (ONU) encargada de Examinar todos los aspectos del conjunto de principios y normas equitativos convenidos multilateralmente para el control de las prácticas comerciales restrictivas en países integrantes a la que México forma parte, que se llevó en Ginebra del 6 al 10 de julio de 2015, se discutieron la aplicación y ejecución del conjunto de principios y normas con fundamento en los siguientes puntos:
l.-Los Estados deberían adoptar, mejorar y poner en vigor de manera efectiva, en el ámbito nacional o por conducto de las agrupaciones regionales, la legislación y los procedimientos judiciales y administrativos de aplicación apropiados para el control de las prácticas comerciales restrictivas, incluidas las de las empresas transnacionales.
- Los Estados deberán fundar su legislación primordialmente en el principio de eliminar o contrarrestar eficazmente los actos o el comportamiento de las empresas públicas y privadas que mediante el abuso de una posición dominante en el mercado, limiten el acceso a los mercados o de otro modo restrinjan indebidamente la competencia y tengan o puedan tener efectos desfavorables sobre su comercio o su desarrollo económico, o que, mediante acuerdos o arreglos, formales o no formales, escritos o no escritos, entre las empresas tengan las mismas repercusiones.
- Los Estados quizá deseen indicar, como en la sección A del Conjunto, otros objetivos concretos de la ley —como: a) la creación, el fomento y la protección de la competencia; b) el control de la concentración del capital o del poder económico, o de ambas cosas; c) el fomento de las innovaciones; y d) la protección y promoción del bienestar social, en particular los intereses de los consumidores, etc.— y tener en cuenta el efecto de las prácticas comerciales monopólicas y restrictivas en el comercio que afecten el desarrollo de los países.
Gutiérrez Yáñez recalcó que en esta séptima conferencia de las Naciones Unidas (ONU) donde México forma parte, concluyó que se debe fortalecer Leyes que estén en contra de los monopolios comerciales, con el fin de generar bienestar social y respeto a los Derechos Humanos.
Destacó que estos avances internacionales en materia de competencia económica han premiado en el Sistema Universal de Naciones Unidas en favor de los Derechos Humanos, por lo que México debe entender que vive en un mundo Globalizado y que no puede generar retrocesos por conceptos que ya vivió en el pasado, y que desde adaptarse a los estándares internacionales de las Naciones Unidas con la finalidad de encontrar una mejor armonía y paz social entre sus habitantes.
Exhortó al Ejecutivo Federal de la 4T a no vivir del pasado, siendo que sus señalamientos generan rencor hacia la clase empresarial, hacia al periodismo libre, generando discursos de odio que solo llevaran a fracturar al país y que pueden traer como consecuencia una lucha feroz interna por el poder.
