Inseguridad y política

La sociedad poco sabe de los criterios que han sido utilizados para determinar en qué lugares y en qué cantidad serían destinados los cerca de 100 mil elementos que integran la recién creada Guardia Nacional que vino a sustituir a la ya desaparecida Policía Federal

A pesar de las cifras “triunfalistas” ofrecidas a principios de esta semana por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, en cuanto a la incidencia delictiva que desde hace varios años golpea al país, lo cierto es que la comisión de delitos tales como la extorsión y el secuestro muestran, según los últimos datos oficiales del pasado mes de febrero, un nuevo “salto” que, a nivel de estados, repuntan hasta por arriba del mil por ciento, como es el caso de Michoacán en materia de extorsión, con hasta mil 92%, y Guanajuato con 644% de incremento el pasado mes de febrero.

El lunes pasado, durante la mañanera del presidente López Obrador, Rosa Icela Rodríguez presumió que febrero fue el mes con menos homicidios dolosos de toda la administración actual, por lo que dijo, textual: “El despliegue de la Guardia Nacional, la coordinación entre autoridades y la focalización de la estrategia contra la violencia (sic) están dando resultados”.

Y es que, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), efectivamente, si comparamos febrero de 2020 contra febrero de este año, en cuanto a homicidios dolosos se refiere, se observa una disminución de 5.3%, al pasar a 2 mil 626 homicidios en febrero de este año.

Sin embargo, la comparación resulta “engañosa” si omitimos las cifras del resto de delitos a nivel nacional, como la extorsión y el secuestro, por citar solamente algunos; si sumamos los homicidios dolosos de los meses de enero y febrero contra los mismos dos primeros meses de este año nos daremos cuenta de que 11 entidades del país repuntaron de manera considerable: San Luis Potosí tuvo un incremento de 47% y Baja California de 32 por ciento.

Bien decía el titular del Ejecutivo a principios de semana: “En el informe se demuestra que, en el caso de homicidios, son seis estados que concentran más del 50% de homicidios; y tenemos estados donde no hemos avanzado lo suficiente, aun cuando tenemos presencia de la Guardia Nacional y estamos atendiendo la demanda de la población”.

Esas entidades a las que se refiere el Presidente son Guanajuato, Baja California, Jalisco, Estado de México, Michoacán y Chihuahua. Lo relevante del tema de la inseguridad en este sexenio es que la sociedad poco sabe de los criterios que han sido utilizados para determinar en qué lugares y en qué cantidad serían destinados los cerca de 100 mil elementos que integran la recién creada Guardia Nacional que vino a sustituir a la ya desaparecida Policía Federal.

No existe, además, claridad en la estrategia de prevención del delito, la readaptación social, con cárceles que continúan siendo verdaderas “escuelas del crimen” ni tampoco en qué ha consistido la capacitación policiaca que tanto se requiere.

Por cierto, en Mérida —la ciudad más segura del país—, la batalla electoral ya se “calienta”; aunque Morena no ha definido candidato, la justa es entre el PRI, con Jorge Carlos Ramírez Marín, y el PAN, con el actual alcalde, Renán Barrera Concha, que busca la reelección.

Ramírez Marín sale del Senado, previamente fue presidente de la Cámara de Diputados y secretario de Estado. Su experiencia como servidor público está probada, sobre todo en un tema que es urgente en todos los rincones del país: la “conciliación”.

A su paso por el Congreso de la Unión le reconocen su capacidad para negociar y conciliar entre figuras políticas de todos los partidos e ideologías. Es un hombre inteligente, con experiencia en el terreno público y de trato agradable. Eso le ha valido tener una relación cercana con el actual gobernador, Mauricio Vila, de quien, muchos aseguran, tiene alguna preferencia por el “Gordito Marín”, como lo conocen en esta tierra. Y aunque aparecerá en la boleta electoral para contender contra Renán Barrera, la competencia más directa del panista es él mismo. Barrera Concha ha sido alcalde en dos ocasiones. Sin duda, debe ser el político que mejor conoce Mérida, pero el conocimiento y los resultados van en carreteras distintas; los segundos serán evaluados por los electores en junio próximo.

La capital yucateca determinará si Barrera Concha ha cumplido sus promesas, ha escuchado las demandas de los ciudadanos y les ha generado soluciones en dos ocasiones frente al gobierno.