Las Fuerzas Armadas y el Estado mexicano

Gustavo de Hoyos Walther.

Una de las decisiones políticas fundamentales del País a partir de la Constituión de 1917, fue la preminencia de las autoridades civiles legítimamente constituidas, sobre las fuerzas armadas. Sin embargo y por primera vez en mucho tiempo, hoy existen las condiciones de riesgo de que en nuestro País los militares puedan acceder al poder político. Esto sería una ruptura del orden político del México posrevolucionario. Las limitaciones al poder castrense fueron vituosas por un siglo, pues evitaron que la Nación experimentara el destino de varios países sudamericanos que sufrieron cíclicos golpes militares. El equivalente mexicano a Augusto Pinochet en Chile, Jorge Rafael Videla en Argentina, o Humberto de Alencar Castelo Branco en Brasil nunca apareció en la vida pública nacional, pero la creciente participación del orden castrense en tareas de gobierno, puede trastocar los equilibrios que hemos gozado.

En su obra clásica (The Soldier and the State) sobre las relaciones entre el orden civil y el militar en los Estados Unidos, el politólogo Samuel P. Huntington, argumenta que la profesionalización de las fuerzas armadas es la mejor manera de garantizar que el ejército no pretenda inmiscuirse en asuntos civiles. En uno de los últimos capítulos del libro, Huntington describe la forma en que se rompieron los equilibrios entre el poder militar y el civil en Alemania y Japón a comienzos del siglo XX, lo que condujo a la militarización de sus sociedades, con las trágicas consecuencias que conocemos.

En México, las tareas de seguridad pública, en el ámbito federal, pero también ya en la mayoría de las entidades federativas, están siendo entregadas a mandos militares.

Más aún, el Presidente de la República ha anunciado su intención de impulsar una reforma Constitucional con el propósito de incorporar la Guardia Nacional (al lado de la Fuerza Aérea y el Ejército) a la Secretaría de la Defensa Nacional, y con ello proveer de un mando militar definitivo a las tareas de seguridad pública y adscripción militar a los cuerpos responsables de esa función.

Esa tendencia militarista va en contra de uno de los principios de la democracia liberal, a saber,la necesaria separación de las esferas civil y militar. Apenas y tenemos que recordar que el tránsito al mundo moderno significó la eliminación del espíritu militar – con su ética y estética del culto a los héroes bélicos – y su sustitución por la hegemonía de gobiernos civiles, donde se enarbolan valores ciudadanos promotores de la convivencia pacífica. Como sociedad moderna, México es heredero de esta transformación primordial de las relaciones humanas.

México debe aportar por el fortalecimiento de las instituciones civiles, y que estas tengan las riendas del poder militar. Para ello, es indispensable repensar la estructura de seguridad nacional a partir de pilares liberales y democráticos.

Incluso debería de discutirse a profundidad, la posibilidad de que las fuerzas armadas, es decir el Ejército y la Marina, fuesen unificadas en un solo Ministerio de Defensa, con sus facultades y capacidades intactas. Esta nueva Secretaría debería ser encabezada por un civil y no por un militar, como ya se hace en Estados Unidos y en otras sociedades. El liderazgo de un Secretario de Defensa civil y que no pertenezca al orden castrense, dejaría claro que en México la supeditación de lo militar a lo civil es parte del acuerdoliberal-democrático. En paralelo, debería de conformarse un Consejo Asesor del Presidente en Materia de Seguridad Militar, con la inclusión de un grupo de Generales de la Marina y el Ejército Nacional. Sus labores serían similares a las llevadas a cabo por el chairman of the Joint Chiefs of Staff en Estados Unidos y lo encabezaría el Presidente y el Secretario de Defensa.

Frente a la pretención del actual régimen para perpetuar la preminenia militar en las tareas de seguridad pública, el reto democrático liberal debe ser impulsar una reforma a la Constitución para prohibir expresamente que las fuerzas armadas sean utilizadas de forma permanente en asuntos del ámbito civil, particularmente en la estrategia del combate a la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado. Es necesario mantener a la tropa, el mando operativo y los altos mandos castrenses, a salvo de actos de corrupción, que le impedirían participar con eficiencia en asuntos de seguridad nacional, que son los que por naturaleza les incumbe.

En su Democracia en América, Alexis de Tocqueville escribió que “el remedio para los problemas del ejército no se encuentra en el ejército, sino en la nación misma. Las naciones democráticas, naturalmente, temen a los disturbios y al despotismo; el objetivo es convertir estos instintos naturales en tendencias inteligentes, deliberadas y duraderas.”. Estoy convencido que el México Ganador, liberal y democrático, sabrá establecer un orden civil compatible con la verdadera vocación de las fuerzas armadas.