Alteraron los documentos concursantes de licitación de Capufe

De acreditarse dichas irregularidades, el proceso de contratación podría ser suspendido

La Secretaría de la Función Pública realiza una investigación en contra de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) por el procedimiento de contratación que realizó la Gerencia de Recursos Materiales de la misma dependencia.

Investigación a Capufe

Esto debido al recurso de inconformidad (INC/042/2022) que interpuso una empresa en contra del fallo de la licitación pública (LA-009J0U001-E7-2022) por la contratación plurianual del servicio de seguridad para: plazas de cobro; áreas de descanso y servicios público; campamentos de conservación; servicios Médicos y
oficinas administrativas de la red Fonadin, Red Capufe y MéxicoPuebla (triada) 2022-2024.

La Jornada Estado de México, publicó hace unos días que el pasado 9 de febrero la paraestatal realizó la convocatoria para contratar los servicios de empresas de seguridad privada y fue hasta el 25 del mismo mes que emitió su fallo adjudicando a Grupo de Seguridad Privada Pryse de México S.A. de C.V. en participación conjunta con Protección Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. y ERI, Equipos de Respuesta Inmediata, S.A. de
C.V. por un monto máximo de $ 1,787,731,587.20.

Alteraron documentos emitidos por el IMSS
Según las investigaciones iniciadas, las empresas adjudicadas (Grupo de Seguridad Privada Pryse de México S.A. de C.V. en participación conjunta con Protección Resguardo y Servicios Empresariales, S.A. de C.V. y ERI, Equipos de Respuesta Inmediata, S.A. de C.V.) de manera conjunta alteraron documentos emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de la Secretaría de Seguridad, como las constancias de alta y los certificados únicos, con el fin de acreditar un mayor número de personal, del que realmente cuentan.

De acreditarse dichas irregularidades, el proceso de contratación podría ser suspendido para evitar un daño patrimonial al estado.

Y se emitiría la sanción correspondiente a las empresas, la cual puede ser desde una multa hasta la inhabilitación y disolución.

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