El malestar del Presidente con los jueces sólo va a aumentar por…
martes, 7 de febrero de 2023
El objetivo central del gobierno federal parece ser “ahorrar” recursos mediante el debilitamiento del servicio profesional electoral.
Fue interesante ver la ríspida relación entre los titulares de los Poderes de la Unión este domingo en el Aniversario de la Constitución, celebrado en Querétaro. Para empezar, de llamar la atención el manoseo en los lugares, según se pudo ver en un video, para alejar del Presidente de la República a los presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y a la ministra presidenta de la SCJN. En particular, se alejó al diputado Creel y a la ministra Piña, cuando el año pasado sus antecesores sí estuvieron, conforme a protocolo, junto al Ejecutivo.
También interesante ver cómo el vocero presidencial se quejó de la “falta de protocolos” de la ministra Piña al no recibir de pie al Presidente y de la campaña en redes sociales que siguió. Así, este año inicia no tanto con lo que se dijeron entre poderes, sino con una serie de “formas” que muestran que la civilidad política se agotó. Ya López Obrador había mandado señales, desde la mañanera, de crítica a los jueces federales. El malestar, como lo han reportado varias colegas periodistas, versaría sobre los fallos adversos que jueces le han dado al Ejecutivo.
Pero si estos temas han tensado la relación entre poderes, lo que viene es probable que ya no sean diferencias protocolarias, sino una abierta “guerra” por diferendos legales serios: lo primero serán los cientos de litigios ante las reformas electorales que el Presidente ha llamado su plan B. El objetivo central del gobierno federal parece ser “ahorrar” recursos mediante el debilitamiento del servicio profesional electoral y de las áreas que fiscalizan el gasto de los partidos en el INE. Así, al momento en que se apruebe el plan B, cientos de funcionarios serían cesados. Así que muchos litigios versarán sobre disputas electorales.
Otro punto de conflicto entre el Ejecutivo y los tribunales será la última resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado mexicano. Esta resolución, que fue notificada a la Segob apenas el 27 de enero, establece que en México se debe eliminar la figura del “arraigo” y modificar cómo opera la “prisión preventiva oficiosa”. Ambos temas fueron modificados, en 2019, para que el gobierno y, sobre todo, la Fiscalía General de la República, tuvieran más herramientas contra presuntos delincuentes.
La realidad es que ambos mecanismos, de décadas atrás, se han desvirtuado y ahora peor, pues se han usado más para control político. Con estas figuras es como los casos más emblemáticos de políticos, en este sexenio, han ido a la cárcel. López Obrador lanzó el año pasado fuertes críticas a la SCJN cuando esta trató de eliminar por completo la prisión preventiva oficiosa, por cierto, siendo una de las ponentes la ministra Piña.
Pero ahora, una instancia internacional, la Corte IDH, ha ordenado un cambio profundo a nuestro sistema legal y ha sentenciado que ambas medidas legales son violatorias a los compromisos con los derechos humanos en México y en el continente. El gobierno federal ha reiterado que la medida no le gusta: primero, formalmente le mandaron decir a la Corte IDH que “no resulta aceptable su pretensión”, y luego el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, declaró que era “un despropósito de la Corte IDH ponerse por encima de la Constitución y faltarle el respeto al Estado mexicano”.
Con lo anterior, queda claro que el gobierno no va a cumplir la sentencia, ni a cambiar cómo usa el arraigo y la prisión preventiva, pero la sentencia internacional es de aplicación inmediata para todos los jueces en México. Y los magistrados internacionales, que por unanimidad la votaron, lo dejaron clarísimo en el punto 219 de su resolución. Con ello, ¿qué va a pasar cuando jueces nieguen nuevos arrestos en temas de alto impacto, o cuando se ordene dar libertad o prisión domiciliaria a algunos de los expolíticos hoy detenidos?
El fallo internacional y su obligatoriedad para los jueces abrirá un nuevo choque entre poderes. O nos convertimos en un Estado moderno, en el que todos los poderes respetan fallos, o nos volvemos un país dictatorial, en donde estos se desacatan.
