El caso Vallarta resurge: citarán a declarar a Florence Cassez por delitos de tortura

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Un juez ordenó reabrir la investigación contra exfuncionarios de la extinta AFI por presuntos actos de tortura contra Israel Vallarta; la versión de la francesa sería en calidad de testigo, dijo la abogada Daniela Aguirre

A más de 13 años de su salida del país, la ciudadana francesa Florence Cassez Crépinserá llamada a declarar en calidad de testigo en México, luego de que un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir las investigaciones por las  torturas cometidas en contra de Israel Vallarta Cisneros.

La abogada de Vallarta, Daniela Aguirre Luna, dijo a El Sol de México que Florence Cassez es una pieza clave en las denuncias que presentó su cliente desde 2006 por las torturas cometidas por altos mandos de la antigua Agencia Federal de Investigación (AFI), entre ellos Luis Cárdenas PalominoFrancisco Javier Garza Palacios y Jorge Rosas García.

El viernes pasado, durante una audiencia celebrada en los juzgados del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, el juez de control José Antonio Martínez Alvarado declaró infundada la decisión de la FGR de no ejercer acción penal contra los servidores públicos que agredieron a Israel Vallarta durante su detención, ocurrida hace más de 20 años, y ordenó reabrir las pesquisas.

En su resolución, el juez ordenó al Ministerio Público recopilar testimonios de otras víctimas, a fin de tener el mayor cúmulo de pruebas. La voz de Florence Cassez se vuelve relevante, ya que también fue víctima de golpes y malos tratos durante su aprehensión, su retención por más de 24 horas y mientras se realizaba el montaje televisivo donde supuestamente fueron “capturados” como secuestradores.

Como se recordará, Israel Vallarta y Florence Cassez fueron detenidos por agentes federales la mañana del jueves 8 de diciembre de 2005, sin ser presentados ante un Ministerio Público y sin que ella recibiera asistencia consultar. Ambos fueron llevados a las oficinas de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), mientras se preparaba el escenario para el falso operativo realizado la mañana del viernes 9 de diciembre de 2005, en el rancho conocido como “Las Chinitas”.

“Ahora que el juez de control ordenó reabrir las investigaciones por tortura, lo que vamos a hacer es convocar a Florence Cassez, porque ella es la testigo más importante que tiene Israel Vallarta”, dijo la abogada Aguirre Luna, quien aún no tiene la certeza de que la ciudadana francesa quiera colaborar en la causa y si el testimonio sería presencial o a distancia.

Florence Cassez también es víctima de tortura. Quizás su situación no fue tan grotesca y brutal como la de Israel, pero sí recibió maltrato físico y tortura psicológica”, argumentó la abogada.

Florence Cassez fue libertada en enero de 2013, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera que no se respetó el debido proceso, que no se le brindó asistencia consular y que todo su proceso fue contaminado por el llamado “efecto corruptor”, es decir, la tendencia de los servidores públicos a investigar y recoger testimonios con el único fin de dar sustento al operativo/montaje que fue transmitido en vivo por Televisa.

Después de permanecer más de siete años recluida y tras una disputa legal que fracturó las relaciones diplomáticas entre México y Francia, Cassez volvió a su país. Israel Vallarta, en cambio, permaneció 20 años en prisión, sin recibir sentencia, hasta que el pasado 1 de agosto de 2025, una jueza ordenó su libertad absolutoria, con lo que se confirmó su inocencia y se le confirió su calidad de víctima del Estado.

Según consta en sus denuncias, Vallarta fue trasladado el jueves 8 de diciembre de 2005 a los sótanos de SIEDO, en la colonia Tabacalera, donde fue desnudado, maniatado, cubierto de la cara y golpeado por agentes federales, quienes buscaban amedrentarlo para autoinculparse como jefe de una banda de secuestradores.

Entre las múltiples agresiones están la introducción de un palo de escoba por el recto, la aplicación de descargas eléctricas en los testículos, así como asfixia producida por agentes policiacos que se sentaban en su cara y en su torso mientras Vallarta estaba atado de pies y manos, vendado de los ojos y con dificultad para respirar debido a que vertían cubetas de agua sobre su rostro.

En reiteradas ocasiones, los peritos de laPGR/FGR negaron indicios o secuelas de las torturas, por lo que las autoridades determinaron el no ejercicio de la acción penal. Pero el equipo de abogadas de Vallarta logró acreditar que los peritajes no fueron independientes, que no se tomaron en cuenta estudios médicos y psicológicos realizados por instancias autónomas, además de que no se le brindaron a Vallarta las condiciones para tener asesoría jurídica mientras estaba en reclusión.