La nueva Corte valida control militar del espacio aéreo y desaparición de Financiera Rural, reformas que fueron impulsadas por AMLO
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó este martes el proceso legislativo y la constitucionalidad de dos de las 20 reformas aprobadas con dispensa de trámites por Morena y sus aliados el 28 de abril de 2023 en una sede alterna del Senado, jornada que la oposición bautizó como el “Viernes Negro”.
Los decretos, avalados por unanimidad sin mayor discusión, otorgaron, por un lado, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) la facultad de salvaguardar la soberanía y defender la integridad del espacio aéreo nacional y, por otro, decretaron la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND). El ponente fue Arístides Guerrero García, quien presentó de manera conjunta dos proyectos que dieron revés a las cuatro acciones de inconstitucionalidad promovidas por legisladores de oposición. El ministro argumentó:
“En los proyectos se concluye, respecto al proceso legislativo, que no se actualizaron vicios con potencial invalidante. La dispensa de trámites en la Cámara de Diputados quedó subsanada con la discusión y votación en Pleno, mientras que en el Senado, el cambio de sede y la reanudación de la sesión en una diversa se realizó conforme a lo establecido en el artículo 46, numeral 4, del Reglamento del Senado”.
Hubo breves pronunciamientos de los ministros, sobre todo de respaldo a validar el cuestionado proceso legislativo. Incluso, la ministra María Estela Ríos González indicó que a la Corte no le toca revisar este punto porque “la regulación del procedimiento legislativo, específicamente en lo relativo a la forma en que se procesan los acuerdos parlamentarios para sesionar, discutir y votar los proyectos de iniciativa de leyes respectivas, son facultades exclusivas del Congreso de la Unión”.
El criterio de la llamada “nueva SCJN” contrastó con el de sus antecesores: el 13 de enero de 2025, siete ministros —entre ellos la expresidenta Norma Piña Hernández— votaron por invalidar reformas a la “ley antifentanilo” y a la Ley General de Bienes Nacionales por vicios legislativos, pero no alcanzaron la mayoría calificada ante la postura de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf. En el primer decreto, la oposición impugnó cuatro normas que permiten la intervención de las Fuerzas Armadas en la protección del espacio aéreo, al argumentar que militarizan esa función y violan los artículos 129 y 21 de la Constitución, que limitan las funciones militares en tiempos de paz y establecen el carácter civil de la seguridad pública.
“El tema del resguardo del espacio aéreo mexicano está bien abordado en la reforma, es más allá de una facultad, hasta una obligación del Estado porque tiene que ver con la soberanía y la seguridad nacional”, sostuvo el presidente. En el segundo decreto, que extinguió a la FND, los legisladores denunciaron falta de publicidad y deliberación, así como irregularidades en el Senado por el cambio de sede a Xicoténcatl, la falta de publicación previa del dictamen y presuntas fallas de quórum. También alegaron que la desaparición del organismo era regresiva al afectar el derecho a la alimentación y al desarrollo rural por no prever un mecanismo sustituto.
“La desaparición del organismo es una decisión de política económica que se enmarca en las facultades de rectoría económica del Estado y en relación con la cual debe haber un amplio margen de deferencia a los proyectos de desarrollo nacional que tienen un respaldo democrático… no percibo que su desaparición implique que el Estado abandone sus obligaciones de rectoría en el ámbito económico, pero además en el ámbito productivo de ese sector, sino que como atinadamente se refiere en la propuesta de sentencia, tenemos otros programas y fondos con similares fines”, expuso el ministro Giovanni Figueroa Mejía.
