Jueza bienestar

Loque debía ser justicia para una menor terminó convertido en un escándalo judicial que hoy tiene a una jueza sentada del otro lado de la ley.

Guadalupe “N”, jueza adscrita al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Las Choapas, fue vinculada a proceso tras ser señalada de haber liberado a un presunto pederasta que posteriormente aprovechó la oportunidad para darse a la fuga.

El caso parece sacado de una mala película burocrática: mientras la Fiscalía sostenía que el detenido era la misma persona acusada de abusar de una menor de apenas 13 años, la juzgadora decidió invalidar la orden de aprehensión porque en un documento aparecía como “Brandon” y en otro como “Brando”.

Un simple cambio de letras pesó más que la protección de una menor víctima.

La Fiscalía pidió corregir el error y continuar el procedimiento, argumentando que existían elementos suficientes para acreditar la identidad del imputado y solicitando privilegiar el interés superior de la niñez. La respuesta fue un rotundo no.

El resultado fue inmediato: el presunto agresor sexual recuperó su libertad y desapareció.

Aunque días después fue reaprehendido y actualmente enfrenta su proceso en prisión, el daño ya estaba hecho y la actuación judicial quedó bajo la lupa.

Ahora la historia dio un giro inesperado. La propia jueza fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de incumplimiento de un deber legal, evasión de reos y delitos contra la procuración y administración de justicia.

La funcionaria, que llegó al cargo mediante la elección judicial de 2025, fue separada de sus funciones y tendrá que acudir a firmar periódicamente mientras enfrenta una investigación complementaria.

En Las Choapas muchos se preguntan si aquello fue un exceso de formalismo jurídico o una decisión que terminó favoreciendo peligrosamente a quien debía estar respondiendo ante la justicia.

Porque cuando una letra vale más que una víctima, algo está profundamente mal en el sistema.