PERIODISMO BAJO AMENAZA EN OAXACA: CONTRADICCIONES, INTERESES Y UNA DEUDA URGENTE DE PROTECCIÓN

“Oaxaca no necesita una guerra entre periodistas; necesita garantizar el derecho de la sociedad a estar informada.”

Lo que ocurrió, lo que se propone y lo que todavía no está claro

El asesinato del periodista Francisco Alejandro Leyva Aguilar volvió a colocar a Oaxaca en el centro del debate nacional sobre la libertad de expresión. Más allá del impacto que representa la pérdida de un comunicador, el crimen evidenció nuevamente la vulnerabilidad en la que se ejerce el periodismo y abrió una disputa pública sobre quién representa al gremio, cuáles deben ser las prioridades y qué tipo de respuesta debe ofrecer el Estado.

Las coberturas periodísticas publicadas tras los encuentros entre periodistas y autoridades presentan dos narrativas claramente distintas. Mientras algunos medios describen las reuniones como el inicio de una ruta institucional para fortalecer la protección de periodistas, otros sostienen que dichos espacios fueron utilizados para gestionar convenios de publicidad oficial, beneficios económicos e intereses particulares.

Entre ambas versiones existe una diferencia que no puede resolverse mediante declaraciones o titulares. La única forma de esclarecer lo ocurrido es mediante documentos públicos, acuerdos verificables, transparencia institucional y un seguimiento puntual de los compromisos asumidos.

Existe, sin embargo, un hecho que nadie discute: Alejandro Leyva fue asesinado por ejercer el periodismo. ARTICLE 19 lo identificó como el quinto periodista asesinado en México en apenas seis semanas y solicitó que su labor informativa permaneciera como una de las principales líneas de investigación. Ese dato refleja una realidad que rebasa a Oaxaca y confirma que la violencia contra la prensa continúa siendo uno de los mayores desafíos para el Estado mexicano.

Después del crimen se desarrollaron diversas mesas de diálogo entre autoridades y representantes de medios de comunicación. De acuerdo con Cuarta Plana, uno de los principales consensos fue que la exigencia de justicia debía ir acompañada de acciones preventivas inmediatas, sin esperar la aprobación de nuevas leyes. Entre las propuestas planteadas destacaron protocolos de actuación, rutas de atención urgente, canales directos de emergencia y una mejor coordinación institucional.

En ese mismo sentido, el secretario de Gobierno, Jesús Romero López, anunció la intención de construir un sistema estatal para proteger la libertad de expresión y aseguró que ya existían medidas preventivas coordinadas por la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos. Sin embargo, hasta ahora no se conocen públicamente sus reglas de operación, presupuesto, estructura, tiempos de respuesta ni mecanismos de evaluación.

Y ese es precisamente uno de los primeros problemas. Una línea telefónica o un anuncio institucional no constituyen por sí mismos un mecanismo efectivo de protección. Sin protocolos claros, personal especializado, operación permanente y rendición de cuentas, cualquier sistema corre el riesgo de quedarse únicamente en el discurso.

La “Ley Alejandro”: una propuesta que aún no termina de definirse

Diversos medios informaron que durante estas reuniones comenzó a impulsarse la llamada “Ley Alejandro”, la cual buscaría fortalecer la protección de periodistas y endurecer las sanciones contra quienes atenten contra la libertad de expresión.

No obstante, las propias publicaciones presentan diferencias importantes. Mientras Milenio informó que se analizaban penas de entre 40 y 50 años de prisión, otras versiones mencionaron sanciones aún mayores. También se habló de la creación de un centro de atención, líneas de emergencia y mecanismos especiales de protección.

Hasta el momento, sin embargo, no existe una iniciativa pública que permita conocer con precisión el contenido definitivo de esta propuesta. Lo que hoy existe son planteamientos en construcción.

Más importante aún, la experiencia demuestra que incrementar las penas no garantiza por sí mismo mayor protección para la prensa. El principal problema sigue siendo la impunidad. Durante décadas, numerosos crímenes contra periodistas han permanecido sin una investigación eficaz ni una sanción judicial definitiva.

El relato de las “prebendas” y la división del gremio

La cobertura que mayor controversia generó fue la publicada por El Imparcial de Oaxaca, cuya portada del 30 de julio tituló: “Chayoteros lucran con crimen de Leyva Aguilar”.

En su versión digital, el periódico sostuvo —principalmente con base en testimonios no identificados— que durante una reunión con autoridades algunos participantes habrían privilegiado la gestión de convenios publicitarios, beneficios personales y contratos gubernamentales por encima de las demandas relacionadas con justicia y seguridad.

Sin embargo, el mismo medio publicó posteriormente otra nota donde un grupo denominado “Periodistas de Oaxaca” difundió una carta abierta exigiendo una investigación transparente, la separación temporal de funcionarios señalados previamente por Alejandro Leyva y la publicación del presupuesto destinado a comunicación social y de los convenios celebrados con medios de comunicación.

Ambas posturas reflejan una realidad innegable: el gremio atraviesa uno de sus momentos de mayor polarización.

La transparencia sobre el ejercicio de la publicidad oficial constituye una demanda legítima. Los recursos públicos no deben utilizarse para premiar líneas editoriales afines ni para castigar voces críticas. Por ello, los criterios de asignación de convenios deben ser públicos, objetivos y auditables.

No obstante, cuando se realizan acusaciones tan graves como afirmar que periodistas lucran con el asesinato de un compañero, el estándar de comprobación debe ser igualmente elevado. La reserva de fuentes es una herramienta válida del periodismo, pero no sustituye la obligación de corroborar los hechos, presentar evidencia suficiente y garantizar el derecho de réplica.

Oaxaca no necesita una guerra entre periodistas

La situación que enfrenta el periodismo oaxaqueño va mucho más allá de una confrontación entre grupos.

El problema combina violencia criminal, precariedad laboral, dependencia económica de la publicidad oficial, ausencia de seguridad social, campañas de desprestigio y una capacidad institucional todavía insuficiente para prevenir e investigar las agresiones contra periodistas.

El asesinato de Alejandro Leyva obliga a todos los actores a asumir responsabilidades.

El Gobierno debe garantizar la protección efectiva de quienes ejercen la libertad de expresión; las fiscalías deben ofrecer resultados verificables; los medios están obligados a distinguir claramente entre información y opinión, y el propio gremio necesita construir coincidencias mínimas que permitan defender un derecho que pertenece a toda la sociedad.

La libertad de expresión protege tanto a periodistas críticos como a quienes mantienen posturas distintas. Ninguna diferencia editorial justifica la estigmatización ni mucho menos la violencia.

Las contradicciones que deben aclararse

Las distintas coberturas periodísticas dejan varias preguntas abiertas.

Mientras algunos medios sostienen que las reuniones estuvieron centradas en construir mecanismos inmediatos de protección, otros afirman que predominaron las demandas relacionadas con convenios de publicidad oficial. También existen diferencias respecto al contenido de la llamada “Ley Alejandro”, las penas propuestas y el grado de avance de las medidas anunciadas por el Gobierno.

Estas contradicciones no significan necesariamente que una versión sea falsa y otra verdadera. Lo que evidencian es la necesidad de mayor transparencia.

Por ello, el Gobierno de Oaxaca debería hacer públicos:

Las convocatorias y minutas de cada reunión.Las propuestas presentadas por periodistas y organizaciones.Los acuerdos alcanzados y los temas pendientes.El funcionamiento del mecanismo de protección anunciado.El presupuesto destinado a su operación.Las estadísticas oficiales sobre agresiones contra periodistas y el avance de las investigaciones.

La transparencia permitiría reducir rumores, fortalecer la confianza y evaluar objetivamente los resultados de las mesas de diálogo.

Lo que realmente necesita Oaxaca

Más allá de nuevas reformas penales, Oaxaca necesita construir un Comité Estatal de Atención y Protección Integral a Periodistas y Personas Comunicadoras, sustentado en el marco jurídico vigente y coordinado con el Mecanismo Federal de Protección.

Este órgano debe contar con capacidad operativa permanente, evaluación profesional de riesgos, protocolos de reacción inmediata, protección física y digital, acompañamiento jurídico y psicológico, coordinación entre instituciones y atención especializada para periodistas en situación de mayor vulnerabilidad.

Asimismo, resulta indispensable establecer un registro estatal de agresiones confiable y público, fortalecer los protocolos de actuación de policías municipales y garantizar que toda investigación considere desde el inicio la posible relación entre el delito y la actividad periodística.

La protección de periodistas tampoco debe depender de la cercanía con el poder político ni de la contratación de publicidad oficial. Ambos temas deben permanecer completamente separados para evitar conflictos de interés y preservar la independencia editorial.

Una causa común por encima de las diferencias

El periodismo oaxaqueño es diverso. Conviven medios tradicionales, plataformas digitales, periodistas independientes, comunicadores comunitarios y corresponsales regionales. Sus intereses pueden ser distintos, pero todos comparten un mismo derecho: ejercer su profesión sin amenazas, censura ni violencia.

La memoria de Alejandro Leyva no debe convertirse en un instrumento de confrontación política o gremial. Debe convertirse en un punto de inflexión para fortalecer la protección de quienes informan y combatir la impunidad.

El Gobierno debe demostrar con hechos que sus compromisos pueden cumplirse; las instituciones de procuración de justicia deben ofrecer resultados; los medios deben mantener el rigor periodístico, y las organizaciones del gremio deben construir una agenda común que coloque por encima de cualquier diferencia la defensa de la libertad de expresión.

Porque proteger a las y los periodistas no significa otorgar privilegios. Significa garantizar el derecho de la sociedad a recibir información libre, plural y oportuna.