Cancela Estados Unidos asistencia militar para la Guardia Nacional

De manera inesperada, legisladores norteamericanos cancelaron la parte de la asistencia financiera que se destinaba anualmente para apoyar labores de seguridad pública del gobierno mexicano y en las que aparecía la Guardia Nacional como una de las instituciones beneficiadas con dichos recursos.
Las constantes advertencias de organizaciones de la sociedad civil en México y en los Estados Unidos acerca de la militarización de la seguridad pública, de la militarización de una parte de la administración federal en áreas específicas, así como las constantes denuncias por los excesos y abusos cometidos por militares, especialmente de la Guardia Nacional, dieron pie a la acción legislativa.

La decisión se tomó de última hora en el Capitolio este jueves, cuando la mayoría de representantes del Partido Demócrata aprobó en el Comité de Gastos de la Cámara Baja la iniciativa de Ley de Gastos del Departamento de Estado de EU para el Año Fiscal 2022, la cual asciende a más de 13 mil millones de dólares.
En ese apartado de gastos está contemplada, como cada año, una partida de poco más de 158 millones de dólares para apoyar las estrategias de combate a la inseguridad y en las que había estado contemplada la actividad de la Guardia Nacional.
Sin embargo, por primera vez desde 2007, los legisladores norteamericanos han prohibido que esa parte de los fondos a otorgar sea utilizada para apoyar a militares involucrados en labores de seguridad y combate a la delincuencia, en este caso y de manera específica, de la Guardia Nacional.
Aunque la prohibición legislativa no es definitiva, sí marca un precedente de relevancia ya que afectaría una parte de las previsiones y planes de la Guardia Nacional relacionados, por ejemplo, con el refaccionamiento de sus 35 aeronaves, su mantenimiento o bien la compra de equipo y materiales necesarios para garantizar una parte de su operatividad.
Todo el procedimiento para la aprobación sin modificaciones del paquete de asistencia marcha sin contratiempos hasta el 30 de junio, cuando entró a revisión en el Comité de Apropiaciones del Congreso de los Estados Unidos, en donde los 158 millones 910 mil dólares destinados a México fueron sometidos a una revisión vinculada a la agenda de respeto a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas del país.
Una aproximación al destino aprobado en primera instancia para esos recursos indicaba que estos estaban autorizados para ser aplicados en dos vías: 100 millones de dólares a programas de la oficina de Control Internacional de Narcóticos (INCLE, por sus siglas en inglés) y otros 50 millones de dólares para el Fondo de Apoyo Económico (ESF).
A esas cantidades se sumaban recursos por apenas 1 millón 750 mil dólares para Educación y Capacitación Militar Internacional (IMET), 6 millones de dólares para el Programa Internacional Militar de Financiamiento (FMF) y 1 millón 160 mil dólares más para los programas de no proliferación de armas, antiterrorismo, antiminas y otros relacionados. El tema migratorio y de control de fronteras también está contemplado, con partidas aplicables al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la Comisión de Ayuda a Refugiados (COMAR).
La inesperada decisión de los legisladores demócratas crea un impasse y se da justo en el contexto de la reunión de alto nivel entre funcionarios clave de México y de los Estados Unidos en materia de seguridad nacional sostenida el miércoles 30 de junio, un día antes de los cambios inesperados promovidos por los demócratas.
Sobre los encuentros efectuados en la Ciudad de México con funcionarios de la Administración para el Control de Drogas (DEA) para revisar las tendencias recientes en el consumo de narcóticos y del Buró Federal de Investigaciones (FBI) para compartir estrategias de reducción de la violencia, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado señalando quiénes encabezaron las delegaciones participantes:
“La delegación mexicana se reunió con la fiscal general asistente adjunta, Amanda Liskamm; y el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en México, John Creamer..”.
Por parte del Gobierno de México estuvieron también, el titular de la Unidad de Análisis Estratégico y Vinculación Institucional de la SSPC, Rodrigo de la Riva; el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto; el comisionado nacional contra las Adicciones, Gady Zabicky Sirot; el director general de Asuntos Especiales de la SRE, Julio César Sánchez; el director general de la Comisión Nacional contra las Adicciones, Jorge González; de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Alfredo Salgado Vargas; y el director general de Análisis en la UIF, Ranmses Ruíz.
“Acompañaron de la Secretaría de Marina (Semar), vicealmirante José Barradas; de la Sedena, coronel Genaro García; de la Semar, capitán Miguel Morales; de la Subjefatura de Doctrina de la Guardia Nacional (GN), Ricardo Meléndrez; de la de la Subsección de Planes Estratégicos en la Subjefatura de Doctrina de la GN, Araceli Hernández; el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Gabriel Mendoza; el director general de Asuntos Internacionales del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Julio Bustamante; y el director general adjunto de la SSPC, Enrique Ariel Escalante.
“La delegación estadounidense se conformó por la agregada del Departamento de Justicia, Christina Vejar; el jefe adjunto de litigio, narcóticos y drogas peligrosas de la DEA, Anthony Nardozzi; el jefe de sección de la División de Operaciones Extranjeras de la DEA, Michael Cabral; el director regional adjunto de la DEA, Matt Allen; la agregada adjunta del Departamento de Justicia, Rocío Zamudio; y la subdirectora de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley, Lori Antolinez”, indicó la cancillería.