ONU y SCJN piden al Gobierno de Veracruz investigar a Arturo Bermúdez Zurita

Exsecretario de SSP con Javier Duarte.

Por desapariciones forzadas de jóvenes en el municipio de Tierra Blanca.

Su ex Jefe (Javier Duarte) también está siendo investigado por los mismos delitos.

En noviembre de 2017, el Comité de desapariciones forzadas de la ONU hizo un llamado urgente al Estado Mexicano para investigar al entonces secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez, por la presunta participación en crímenes de lesa humanidad.

La carta fue signada por Ibrahim Salama, jefe de la subdivisión de Tratado de Derechos Humanos. El motivo de la misiva: las desapariciones de cinco jóvenes originarios de Playa Vicente –ocurrida el 11 de enero de 2016– en manos de policías estatales, quienes presuntamente los entregaron con integrantes del Cartel de Jalisco para torturarlos y asesinarlos.

Arturo Bermúdez fue detenido el 3 de febrero del 2017 por el delito de enriquecimiento ilícito. Un año más tarde, el 8 de febrero del 2018 (en campañas electorales), él y otros dos mandos de la SSP fueron acusados ante un juez por presuntamente comandar un grupo de fuerzas especiales de la policía que usó la Academia de El Lencero para torturar y matar. Sin embargo, en menos de un año, Bermúdez pudo salir de prisión porque un juez le permitió enfrentar los procesos en su contra en libertad y a cambio pagó una garantía económica de un millón de pesos.

Pero nunca se relacionó esa investigación con la de Tierra Blanca, que era una de las principales peticiones de los padres de los jóvenes para acceder a la justicia.

En 2017, la colaboración del comité de desapariciones forzadas de la ONU no era obligatorio. No obstante, eso cambió el pasado 16 de junio tras un fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) el cual exhorta a las autoridades mexicanas a atender las acciones urgentes de este organismo internacional.

Por las desapariciones forzadas de José Benítez de la O, Mario Arturo Orozco Sánchez, Bernardo Benítez Arroniz, José Alfredo González Díaz y Susana Tapia (16 años), la ONU dictó las acciones urgentes No.288-292/2016.

Entre esas que destacan: Búsqueda de las personas desaparecidas e investigación de su desaparición; Investigación de las posibles responsabilidades por acción u omisión de autoridades y medidas de protección para los familiares de los desaparecidos.

Cuitláhuac García dispuesto a investigar y sancionar hasta las últimas consecuencias.

Xalapa, Ver. 22 junio 2021.- El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que su administración está a favor de que se investigue al ex secretario de Seguridad Pública (SSP), Arturo Bermúdez Zurita, con respecto a la desaparición de los cinco jóvenes de Playa Vicente.

Esto después de que Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas solicitó en 2016 que se investigara al funcionario por las desapariciones ocurridas en enero de ese año.

“Sí tenemos interés que se aclare la participación del exsecretarios de la SSP porque hay suspicacias, que se aclare, que se investigue a fondo y que no sean como los señalamientos que hizo la administración anterior que hizo facilitarles que se ampararan para poder negociar con ellos su salida”.

Sobre ello, el mandatario estatal dijo que “siempre hemos estado a favor de que existan instancias legales internacionales que puedan apoyar a las víctimas de desaparición. En las mesas que hemos armado participan y no estamos cerrados, siempre y cuando sean cuestiones apegadas al derecho internacional”.

García Jiménez recordó la existencia de audios en los que supuestamente el ex fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres, negociaba la liberación del ex funcionario de la SSP.

“Hay evidencias, un audio donde la gente del ex fiscal Jorge Winckler negociaba con Bermúdez Zurita su liberación, vamos a publicar aquí para que vean los acuerdos que hizo con personajes de la administración de Javier Duarte y que tienen responsabilidades en mi opinión”.

Además, recordó que las órdenes de aprehensión liberadas por jueces en contra del ex fiscal general Jorge Winckler y el fiscal anticorrupción Marcos Even Torres siguen vigentes, pues los amparos que han presentado han sido rechazados.